EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS ES ESENCIAL PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA
En opinión de Jesús “Chucho” Caldera Infante, ex candidato presidencial y profesor de la cátedra de derecho constitucional, en el procedimiento de revisión de la Constitución de la República que debe dejar claramente establecida la modificación del artículo 67 del Texto Fundamental y permitir el financiamiento de los partidos políticos y demás organizaciones afines, con fondos provenientes del Estado, para consolidarlos y fortalecerlos por ser esenciales para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen justo, equilibrado y transparente de financiación de sus actividades, ya que el ejercicio de la democracia, por ser cada vez más costoso, requiere recursos suficientes para que los ciudadanos tengan la posibilidad real de materializar sus derechos de contenido social, político y económico libremente y en igualdad de condiciones, frente a quien gobierna y maneja los enormes recursos con los que cuenta la nación.
Desde la óptica de Chucho Caldera, con el financiamiento de los partidos se reforzaría el verdadero carácter participativo de nuestra democracia, en los diferentes ámbitos de la actividad pública, contribuyendo a la consolidación de los valores republicanos de igualdad, justicia y libertad propios de los Estados que han alcanzado notables progresos en la conformación de la institucionalidad democrática puestos al servicio del pueblo en general y no de una determinada parcialidad política, que por estar enquistada en el poder se beneficia de manera descarada de los bienes públicos, a través de actos de gobierno enmascarados de aparente legalidad.
El financiamiento de los partidos políticos como fórmula para afianzar los principios democráticos también procede por ser mandato obligatorio del artículo 5 de la Carta Democrática Interamericana, TEXTO suscrita y ratificada por Venezuela, cuyo contenido debe aplicarse de manera preferente porque está dotado de supremacía o de mayor jerarquía jurídica que el propio artículo 67 constitucional en atención a que las normas establecidas en los tratados y pactos internacionales prevalecen en el interior del país si su contenido favorece, en mejor medida, el ejercicio de los derechos humanos fundamentales de naturaleza política por parte del pueblo venezolano por así ordenarlo el artículo 23 de la vigente Carta Magna.
Por consiguiente, el Estado venezolano debe proceder a incluir el financiamiento de los partidos políticos en la nueva Constitución, como resultado lógico de una Asamblea Nacional Constituyente que sea convocada como único medio idóneo para adelantar una modificación tan profunda del orden constitucional y de la estructura del Estado como lo ha anunciado el Ejecutivo Nacional, para así dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en el sistema jurídico interamericano. Caso contrario cualquier ciudadano podría demandar por ante la Corte Interamericana de DDHH y la Asamblea General de la OEA el incumpliendo en que ha venido incurriendo el Estado venezolano en esta materia y pasaría por la penosa situación de tener que adoptar dicha financiamiento como resultado de una orden impuesta por los órganos del Sistema Interamericano y no como decisión voluntaria nacida de la vocación democrática de quien actualmente gobierna el país.
A juicio del declarante, con partidos políticos financiados por el Estado, que no es lo mismo que el gobierno, tendremos mas y mejor democracia, habrá mayor transparencia e independencia de tales organismos partidistas frente a grupos de poder económicamente fuertes o de dinero proveniente del delito, los ciudadanos podrán escoger entre distintas opciones y no caerían en la trampa cazabobos del partido único financiado de manera exclusiva y ventajosa por el gobierno de turno con el dinero del pueblo, creando así una injusta, y desigual “guerra asimétrica” entre un solo partido, con pensamiento único incluido, sostenido económicamente a manos llenas y sin control alguno por el actual gobierno público frente al resto de las empobrecidas y arruinadas organizaciones políticas que sirven de cauce a las aspiraciones más sentidas del resto de los venezolanos.
Señala Caldera Infante, como muestra evidente del déficit de democracia al que puede llegar el país por la falta de financiamiento público a los partidos políticos, por una parte, y por la imposición sectaria desde el gobierno de un partido único o unido por la otra, la chorrera de ataques y ofensas que ha recibido en los últimos días, por expresar lo que siente, Ismael García, Secretario General de Podemos y la “sospechosa” rapidez con la que aprobó el CNE el referéndum revocatorio del mandato del Gobernador del Estado Aragua Didalco Bolívar, también militante de dicho partido político que viene resultando incómodo a la tesis hegemónica manoseada y promovida por el gobierno.
Sin recursos financieros otorgados por el Estado los partidos están condenados a desaparecer y con ellos se envilece y debilita el sistema democrático. Resulta forzoso concluir que sin real otorgado legalmente por el Estado venezolano, no hay democracia o tiende ésta a desaparecer para transformarse en un sistema donde la voluntad o los caprichos de quien gobierno sean impuestos a rajatabla al resto del país sin tener organizaciones ni partidos políticos que se opongan a la hegemonía del gobernante todopoderoso. Sin dinero público para el financiamiento de los partidos políticos no hay democracia, por tanto se produce un vacío de oposición y esto tiende a generar la autocracia. FIN.


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